El narcotráfico floreció en México con ayuda del Estado

Ese nivel de colusión, según los expertos, podría ser una característica del estado de Guerrero, donde una histórica combinación de narcotráfico y fuerte presencia militar habrían creado un terreno fértil para una relación de este tipo. Pero en México, las fronteras entre el narcotráfico organizado y el Estado han sido tradicionalmente difusas, dicen los académicos. Lo anterior tiene profundas consecuencias no solo para el crimen organizado, sino para el desarrollo del Estado mexicano en sí.

“En realidad no hay una oposición entre los cárteles ‘malos’ y el Estado ‘bueno’”, comentó Alexander Aviña, historiador de la Universidad Arizona State que estudia el narcotráfico en México. “Creo que quienes nos dedicamos a la historia de las drogas en el México del siglo XX diríamos que el narcotráfico de hecho surge de los confines del Estado mexicano, en particular del PRI que estuvo en el poder de 1949 a 2000”.

En el imaginario popular, la colaboración entre los cárteles y los funcionarios estatales tiende a darse en términos de corrupción: los delincuentes sobornan a los funcionarios, quienes a su vez toleran el narcotráfico a cambio de ganancias personales. Pero ese relato no se ajusta exactamente al caso de México, dijo Benjamin T. Smith, profesor en la Universidad de Warwick en el Reino Unido y autor de un libro sobre la historia del narcotráfico mexicano.

Más bien, dijo, hay una larga historia de funcionarios mexicanos que aceptan dinero de narcotraficantes para financiar el gobierno, no solo como pagos personales. Lo describió como una suerte de “construcción criminal del Estado”. Pero ese modo de forjar el Estado ha resultado ser peligrosamente frágil.

Por ejemplo, documentos de la década de 1940 muestran que la policía en el estado de Sinaloa extorsionaba a los productores de opio, dijo Smith. Pero luego entregaron el dinero a los recaudadores de impuestos para que se depositaran en las arcas públicas.

Más adelante, cuando en la década de 1970 aumentó la demanda estadounidense de drogas y el tráfico se volvió más lucrativo, los funcionarios federales se impusieron sobre la policía estatal, a menudo con violencia. Pero los traficantes seguían pagando protección a las autoridades estatales y dichos fondos se destinaban, al menos en parte, al financiamiento de actividades estatales.

En una entrevista de 2000 con NPR, Guillermo González Calderoni, entonces el más alto funcionario de narcóticos de la policía federal mexicana, describió así el trabajo de la Policía Judicial de México: tomar “el dinero de algunos de los traficantes para combatir a los otros traficantes”. (Unos años después de la entrevista fue asesinado a tiros).

Dicho sistema era posible en parte porque el régimen de partido único brindaba estabilidad política. “El sistema democrático de México no se abrió completamente sino hasta el año 2000”, comentó Rachel Nolan, historiadora de la Universidad de Boston que estudia la violencia y los conflictos en Centroamérica. “Así que cuando hay un régimen de partido único, es muy fácil que se coluda con los cárteles debido a que hay mucha estabilidad”.

Pero luego las cosas empezaron a cambiar. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuyo régimen de partido único mantuvo el poder durante décadas, empezó a escindirse a partir de la década de 1990, lo que trajo como consecuencia la democracia y una renovada competencia política.

Al mismo tiempo se dio un cambio en el negocio del narcotráfico. Los traficantes de poca monta se consolidaron en grandes cárteles para hacerse cargo de las principales rutas de contrabando, dijo Smith. El negocio de las drogas y el Estado seguían íntimamente ligados, pero ahora los traficantes tenían más poder que nunca en esa relación.

“Es una tensión que existe al día de hoy”, dijo Smith. “¿Quién es el jefe, quién es servil?”.

Los expertos que entrevisté recomendaron no generalizar demasiado a partir del gran conjunto de mensajes de texto sobre la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes. Estos mensajes no son prueba de que otros funcionarios o instituciones, en especial en otras zonas del país, estén involucrados en el crimen organizado o el narcotráfico.

Sin embargo, indicaron, los cárteles no pueden tener éxito sin ayuda del Estado.

“Nadie ha intentado ser total y completamente independiente”, dijo Smith. “Eso nunca funciona”.

‘El bien escaso es la protección estatal’

La compleja dinámica de poder entre Guerreros Unidos y las distintas ramas del Estado mexicano se transmiten claramente en los mensajes sobre los asesinatos de 2014. Los integrantes del cártel parecen tratar a la policía local casi como a subcontratistas o proveedores. Un socorrista llamaba “jefe” a un líder de Guerreros Unidos y le enviaba actualizaciones minuto a minuto sobre las actividades de las fuerzas del orden.

En contraste, las conversaciones en las que los integrantes del cártel se refieren al ejército parecen menos claras: en algunos mensajes los delincuentes se quejaban de las exigencias de los militares, mientras que en otros hablan del apoyo de los militares para mantener a sus rivales fuera de su territorio.

Es la paradoja del narcotráfico: la debilidad del Estado y su incapacidad para controlar a sus propias fuerzas de seguridad permitieron que los cárteles prosperaran. Al mismo tiempo, uno de los recursos más valiosos que puede controlar un cártel es el acceso al poder del Estado y en particular a los cuerpos militares y de seguridad.

“Otra narrativa que hemos escuchado sobre México, al menos desde 2017, es que es un Estado fallido en potencia y que estas organizaciones de narcotráfico son más poderosas que el Estado. Y creo que eso en realidad es una forma muy equivocada de ver esto”, dijo Aviña. “El recurso escaso, o el bien escaso, es la protección estatal”.

La protección estatal, por supuesto, era aún más escasa para los civiles comunes y corrientes que no hallaron protección de la violencia del cártel.

Los mensajes sugieren que los 43 estudiantes básicamente fueron víctimas de confusión de identidad. Se habían hecho de varios autobuses para asistir a una protesta en la Ciudad de México, una práctica que las autoridades locales históricamente habían tolerado tácitamente. Pero los vehículos se parecían a los que se usaban para contrabandear drogas a Estados Unidos, dicen los investigadores, y el cártel, que estaba paranoico ante la posibilidad de que invadieran su territorio, los habría confundido con integrantes de un grupo rival. Ordenaron a la policía ​​—a los mismos agentes que debían proteger a ciudadanos como los estudiantes— que atacara.

Y los documentos muestran que, días después de que se llevaron a los estudiantes, algunos aún habrían seguido con vida, y que el ejército sabía la ubicación de dos sospechosos del ataque pero no intervino.

“En vez de que ellos buscaran a nuestros hijos o que nos dijeran la verdad, se protegían entre ellos mismos”, dijo al Times Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, refiriéndose a los militares.