Policía municipal de Cozumel detiene arbitrariamente a periodistas

ARTICLE 19 rechaza cualquier tipo de abuso por parte de las fuerzas civiles en contra de las y los periodistas, ya que este tipo de acciones genera un ambiente hostil y de permisividad que puede llevar a futuras agresiones a la prensa.

El 13 de abril, el director general de Esquema Cozumel, Gabriel Aguilar Ay, y la directora de Código Rojo, Silvia Peraza Azueta, sufrieron de una detención arbitraria por parte de la policía municipal de Cozumel en Quintana Roo. Después de las 17:00 horas, se reportó un camión volteado en la carretera, por lo que Aguilar y Peraza se dirigieron al lugar para cubrir la noticia. Al llegar, se encontraron con cintas de acordonamiento en una avenida de dos carriles, pero había gente en moto y bicicleta pasando por un carril. Por lo que, Aguilar comenzó a tomar fotografías y Peraza a transmitir en vivo. En ese momento, el agente de la policía municipal de Cozumel, Antonio Kú Hay, llegó y les informó que no podían estar allí porque habían pasado la zona de acordonamiento, por lo que se retiraron del lugar.

Aún así, el elemento llamó a una patrulla para que los detuvieran porque habían violado el artículo 400 del Código Penal Federal, que regula el encubrimiento sobre objetos de un delito, lo cual no concuerda con los hechos.

Cuando llegó la patrulla, les informaron que se los llevaban en calidad de presentados ante el jurídico de Seguridad Pública para esclarecer lo que habían hecho mal, por ello ambos se subieron a la patrulla sin resistirse y los trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Cozumel, sin embargo, una vez allí, les dijeron que estaban detenidos y los encerraron en una celda.

En entrevista con ARTICLE 19, Aguilar señaló que su abogado llegó para pagar la fianza, pero Alejandro Rodríguez Ojeda, miembro del área jurídica de la Dirección de Seguridad Pública en cuestión, le informó que había órdenes del director de la policía municipal, Luis Alberto Taylor González, de no permitir su liberación y turnarlos a la Fiscalía. Transcurridos 20 minutos, sacaron de las celdas a ambos periodistas con esposas para trasladarlos hacia la Fiscalía General del Estado y estuvieron así aproximadamente 20 minutos.

Afortunadamente, debido a la presión ejercida por la gente que se congregó en el lugar para exigir su liberación, después de 4 horas aproximadamente de estar detenidos, fueron puestos en libertad, pero les imputaron el cargo de Resistencia de Particulares, abriéndose la carpeta de investigación correspondiente.

Esto es de gran preocupación ya que elementos de las fuerzas civiles, quienes deberían garantizar la seguridad de las personas periodistas, pusieron en peligro la integridad física y psicológica de Aguilar y Peraza, además de que genera un efecto disuasorio en otras personas periodistas que teman represalias por informar. Asimismo, la restricción de la labor de ambos periodistas de obtener y difundir información limita el acceso del público a información precisa y relevante.

En el informe Voces contra la Indiferencia, ARTICLE 19 documentó que Quintana Roo se encuentra entre las cinco entidades federativas con mayor cantidad de ataques hacia la prensa, con 45 agresiones representando el 6.47% de las 696 registradas. Es importante destacar que, como ocurre cada año, los agentes del Estado se identificaron como los principales agresores, cometiendo 296 (42.53%) ataques, es decir, cuatro de cada diez. Además, las fuerzas civiles fueron responsables de 86 agresiones. Estas cifras muestran la necesidad de tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y libertad de las y los periodistas en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su gran preocupación sobre el riesgo que deben enfrentar las y los periodistas por las labores que desempeñan, por ello señala que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares. Las medidas o programas de protección deben resultar adecuadas y suficientes para cumplir su propósito (garantizar los derechos a la libertad de expresión e información). 

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• Al titular de la Secretaría Pública Municipal de Cozumel:
  • Que se asegure que las y los integrantes  de seguridad se abstengan a realizar detenciones arbitrarias que pongan en riesgo el ejercicio pleno de la labor periodística y libertad de expresión.
  • Así como abrir una investigación exhaustiva por los hechos cometidos por la policía municipal que puso en riesgo a Gabriel Aguilar Ay y Silvia Peraza Azueta y que se realicen las sanciones correspondientes.
  • A establecer medidas para la no repetición como: capacitaciones sobre la correcta aplicación de protocolos de actuación por parte de las y los elementos de Fuerza Civil.
• A la Comisión Estatal de Derechos Humanos a dar inicio a la queja correspondiente de los hechos relatados con el fin de proteger a las personas periodistas agredidas.